La gestión covid pasa factura a Puig en víspera electoral: sentencias, paga y denuncia en Antifraude

Condenas por la falta la falta de protección a los sanitarios y por relegar a los médicos de la Sanidad privada en la vacunación, un hospital de campaña que carecía de licencia de obra y de actividad y una denuncia en Antifraude por supuestas irregularidades y sobrecostes en un contrato de 44,8 millones de € para material sanitario, forman parte del balance de la gestión covid del Ejecutivo valenciano, que preside el socialista Ximo Puig. Y que ahora ha vuelto a la actualidad tras la decisión judicial de anular el acuerdo del Gobierno valenciano para una paga la paga covid que dejó fuera a 15.000 sanitarios, según estimaciones sindicales.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dictado este martes dos sentencias que estiman los recursos interpuestos por la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) y Comisiones Obreras (CC.OO.) contra el acuerdo del Gobierno valenciano de 27 de noviembre de 2020 que establecía los parámetros y criterios para la compensación económica por los servicios extraordinarios del personal de la Consejería de Sanidad por la Covid-19. 

El sindicato CSIF ya ha estimado que en torno a 15.000 trabajadores de la Sanidad valenciana no la han percibido y ha instado a un acuerdo urgente forjado sobre la base de la buena voluntad de ambas partes (Administración y sindicatos) para solucionar los problemas que aquel primer acuerdo ha generado.

La Consejería de Sanidad ha asegurado que ningún sanitario que estuvo en primera línea durante la pandemia tendrá que devolver la paga covid, que ahora anula el TSJCV al considerar que no hubo negociación colectiva con los sindicatos según Europa Press.

En el debate parlamentario de aquella paga de 25 de noviembre de 2020 (el decreto es del día 27), el portavoz de Sanidad del Partido Popular en las Cortes Valencianas José Juan Zaplana ya advirtió a Ximo Puig que aquel acuerdo tenía visos de acabar en los tribunales, como así ocurrió finalmente.

Pero se trata, sólo, de uno los ejes que definen lo que fue aquella gestión administrativa del covid en un tiempo en que la Consejería de Sanidad no estaba dirigida por su actual titular Miguel Mínguez, sino por Ana Barceló, que hoy es la síndica de los socialistas en las Cortes Valencianas y la candidata del PSOE a la Alcaldía de Alicante.

Sentencias

Un asunto pendiente de solución final es el de la falta de protección a los facultativos durante la pandemia. El sindicato médico CESM-CV, el mismo que ha convocado la huelga de médicos, ha llevado esta cuestión a los juzgados. En primera instancia, le han dado razón. Ximo Puig recurrió en su día ante el TSJCV y, a día de hoy, el contencioso está pendiente de un recurso del citado sindicato y presentado ante el Tribunal Supremo tras anular el Alto Tribunal valenciano las indemnizaciones concedidas en primera instancia.

También, los médicos de la Privada fueron a los tribunales. En su caso, al considerar que el Gobierno valenciano les había relegado en la vacunación con respecto a los facultativos de la Pública. 

En septiembre de 2022, el TSJCV desestimó el recurso presentado por la Consejería de Sanidad del Gobierno valenciano contra el fallo que le condenó el 13 de enero anterior por vulnerar derechos fundamental a la igualdad, la salud y la vida de los médicos de la Sanidad Privada que no fueron vacunados contra el Covid en las mismas condiciones que sus compañeros de la Sanidad Pública. Aquella demanda fue presentada por el Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA).

Hospital de campaña

En octubre de 2021, se conoció que el hospital covid de campaña anexo al Hospital de La Fe de Valencia carecía de licencia de obra y de actividad y contaba con graves deficiencias que deben subsanarse, según un informe técnico municipal del Ayuntamiento de Valencia. Una Administración que gobierna la coalición nacionalista Compromís junto a los propios socialistas. Una inspección técnica del Ayuntamiento de Valencia fue la que confirmó que la instalación carecía de esas licencias. Además,  la infraestructura sufría de otras graves carencias según constaba en el citado el informe.

En enero de 2022, el Ayuntamiento de Valencia dio un plazo de 2 meses para demoler el citado hospital, advirtiendo que si en ese plazo la Generalitat no ejecutaba la demolición sería sancionada con multas de hasta 30.000 euros, hasta un máximo de 10. Finalmente, fue desmantelado. Un año antes, el 24 de enero de 2021, ademas, un vendaval había obligado a desalojar a 20 pacientes ese mismo hospital covid. Fueron trasladados a las instalaciones de Enfermería de la antigua Fe, donde estaba previsto que permanecieran unos días.

Denuncia en Antifraude

El 18 de enero de este año 2023, el Partido Popular presentó ante la Agencia Valenciana Antifraude una denuncia para investigar si habían existido irregularidades y sobrecostes en un contrato de material sanitario de 44,8 millones de € durante la primera fase de la pandemia que la Generalitat Valenciana adjudicó a la mercantil de un empresario chino.

Según la denuncia del PP, a la que tuvo acceso OKDIARIO, la Generalitat Valenciana adjudicó a la mercantil Comité Textil S.L. «varios contratos por un valor total de 44.902.464,03 millones de €, lo que resulta del todo sorprendente para una empresa con un capital social de 3.000 €», sin que hasta ahora hayan trascendido novedades en la investigación.